La Junta Directiva del Club Náutico de Sa Rápita ha negado a la candidatura alternativa a la presidencia de la asociación que gestiona el puerto deportivo el listado de los socios con sus direcciones postales y  correos electrónicos. Con esta actitud cercena la posibilidad de los miembros de la candidatura “Por un cambio necesario” de concurrir a las elecciones el próximo fin de semana en igualdad de condiciones que la candidatura ‘oficialista’, que si cuenta con esta información y que puede enviar correos a todos los socios informándoles de sus propuestas. Esta actitud ‘antidemocrática’ de la actual dirección del club es denunciada y criticada por los socios que pretenden hacer prevaler lo acordado por unanimidad de los socios que asistieron a la asamblea general extraordinaria celebrada en 2009 y que fue ratificada por el Govern balear en 2010: que la nueva concesión por 30 años más sólo contemplase el alquiler de todos los amarres y no  la prórroga de la cesión de los títulos a unos pocos, tal y como proponen los ‘oficialistas’.

A parte de la decisión de negar a la candidatura “Por un cambio necesario” el listado de los socios con sus datos de contacto, la Junta Directiva también les niega la posibilidad de utilizar las instalaciones para dar un ‘meeting’, viéndose obligados a celebrar su encuentro electoral en un local de Campos. Simpatizantes de la candidatura alternativa han tildado el proceso electoral de “elecciones cubanas”. A estas irregularidades hay que añadir el hecho de que la opción del voto por correo no se contempla ya que el proceso electoral tendrá lugar durante la asamblea general extraordinaria convocada para el día 16, y sólo podrán dar su voto los que estén presentes en ese momento.

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La candidatura considerada como ‘oficialista’ a las elecciones del Club Náutico Sa Rápita pretende mantener los privilegios que disfrutan menos del 25% de los socios del club, los que tienen concesiones de amarre y quieren mantenerlas durante 30 años más sin abonar cantidad alguna. Esta candidatura, de la que forma parte la práctica totalidad de la actual junta directiva del club, será heredera, en el supuesto de que ganase el proceso electoral puesto en marcha, de una demanda interpuesta por el socio Jaime Clar y la Asociación Socios y Amigos del Club Náutico Sa Rápita contra lo aprobado en la asamblea extraordinaria de los socios del club el 28 de octubre de 2011. En dicha asamblea, a la que asistió sólo un tercio del censo, se aprobó la propuesta de la Junta por solo 345 votos a favor, es decir, una cuarta parte de toda la masa social.

La razón por la que los actuales miembros de la junta directiva están interesados en perpetuarse en el poder tiene que ver con las cesiones de amarres que la entidad, a la que se le dio en 1976 la concesión para la construcción y explotación del puerto deportivo, hizo a determinados socios a cambio de un precio con el objeto de obtener mayores ingresos.

Según el relato incorporado a la demanda, admitida a trámite por el juez, la construcción del puerto deportivo fue financiada por todos los socios, si bien la asociación del club náutico quiso ingresar aún más y, disponiendo del patrimonio común, enajenó una parte de los amarres. El método fue redactar contratos de otorgamiento de concesiones para algunos socios, a quienes a cambio de una cantidad de dinero se les dieron los mismos derechos que tenía el club pero limitados a su puesto de atraque. El precio que se fijó lo era en relación a ese derecho que se adquiría, delimitado por el alcance temporal de la concesión.

Con dichas enajenaciones, el Club Náutico perdía la posibilidad de disponer y explotar una parte de su patrimonio, es decir, de una parte de los amarres que no podía ya arrendar. Los socios beneficiados, además de asegurarse un amarre, se garantizaban el poder especular con la cesión, vendiéndola con un sobreprecio a alguien que estuviera en lista de espera. Pero ese privilegio tenía fecha de caducidad: la misma que la de la concesión del club.

El 25 de abril de 2009, por unanimidad de todos los asistentes, se acordó en una asamblea general y extraordinaria renunciar a la concesión de 1976 y proceder a la aceptación del nuevo título concesional ofertado por la Administración: todos los socios sin distinción podrán disponer de un derecho de amarre por arrendamiento. El nuevo plazo de concesión al club será por 30 años y éste debe abonar un canon anual de 219.304 euros.

Sin embargo, los titulares de concesión, mayoritarios en la actual junta directiva, obligaron a ésta en julio de 2011 a iniciar los trámites para modificar las condiciones de la nueva concesión y conseguir de la Administración autonómica la conservación de todos los privilegios de que han venido gozando durante los próximos 30 años. Y así se llega a la asamblea general extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 2011 en la que con solo 345 votos de los alrededor de 1.400 posibles se aprobó instar a Ports de Balears a modificar el título concesional a favor de los ‘privilegiados’. En el fondo de la demanda lo que se pide es precisamente que se anule el veredicto y la propia convocatoria al considerarse “antidemocrática” y no ajustada a la ley. En cualquier caso, la Ley de Asociaciones establece que se precisará de la mitad de los socios para aprobar acuerdos que impliquen la disposición o enajenación de bienes. Un acuerdo en este sentido, como el aprobado en octubre de 2011, precisaba de una mayoría cualificada que no se tuvo, por lo que todo lo allí decidido fue nulo.

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La actual Junta Directiva del Club Náutico La Rápita repercute a todos sus socios por igual los 240.000 euros de canon que anualmente se paga a la Administración. Esta situación es denunciada por los miembros de la candidatura alternativa que se presenta a la elección de la Presidencia del club al tildarla de injusta ya que consideran que no han de pagar la misma cuota los socios titulares de puestos de amarre que los que no lo tienen o los que están en régimen de alquiler. La candidatura alternativa “Per un Camvi Necessari” incluye entre sus propuestas de gobierno el compromiso de cambiar la estructura de tarifas y precios con el objeto de repercutir los gastos e inversiones del club náutico “de forma racional, objetiva, equitativa y justa entre los diferentes tipos de usuarios, con el objeto de bajar las cuotas de los socios”. Con el actual sistema, mantenido por la Junta Directiva del club, el socio de número, que no dispone de amarre, que está en lista de espera, que no disfruta de ningún servicio de la instalación por carecerse de ellos, debe pagar la misma parte alícuota que el titular de concesión de amarre o el que tiene su barco en el espejo de agua, aunque sea en régimen de alquiler.

La Candidatura por un Cambio Necesario afirma que, si consigue la Presidencia del club y los cargos de la nueva Junta Directiva, se establecerán mecanismo de transparencia en la gestión económica y administrativa. De esta propuesta se deduce una crítica al equipo de gobierno por su nula transparencia en su gestión.

De hecho, la asociación que apoya y da respaldo a la actual Junta se opone radicalmente al acuerdo adoptado en asamblea en 2008, y ratificado por el Govern en 2010, por el cual a partir de 2018 -fecha en la que acaba la vigente concesión administrativa- todos los amarres pasarán a estar gestionados por el club en régimen de alquiler. Y, por tanto, todos los socios optarán a su alquiler en las mismas condiciones.

La Asociación Pronautic Sa Ràpita promueve el disfrute indefinido de los amarres por parte de las personas que son actualmente titulares de su concesión  y de sus familiares. Y para conseguirlo apoyarán una candidatura ‘oficialista’ a la actual con el único objeto de conseguir que la renovación de la actual concesión administrativa no venza en 2018 y les permita mantener y prorrogar la situación patrimonial original del Club con una concesión de otros treinta años o más a nombre de los actuales socios titulares de los puestos de amarre sin pagar cantidad alguna. De hecho, intentan que se mantengan a nombre de los actuales titulares de concesión y que no pasen a nombre del Club Náutic de Sa Rápita.  Este estado de privilegios ‘feudales’ pretenden que se prolongue en el tiempo, que puedan renovar los títulos de concesión y que puedan transmitirlos a terceros, familiares o no, con claro beneficio económico para ellos y en detrimento de la masa social del club.

La actual Junta en funciones tiene interpuesta una demanda judicial en la que se impugna lo aprobado por la última Asamblea General. En ella se les autorizaba a negociar con la Administración la revocación de lo acordado en 2008 y aprobado por el Govern en 2010: el vencimiento de todos los títulos concesionales en 2018 y la puesta en funcionamiento de un sistema de alquiler para todos los amarres del club a partir de esa fecha.

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El apoyo a esta candidatura se fundamenta en el hecho de compartir todos los puntos del programa electoral que presenta esta candidatura, especialmente el de mantener las condiciones de la concesión vigente, motivo que originó el nacimiento de nuestra asociación. Este apoyo se ve ratificado por el hecho de que algunos miembros de esta junta directiva forman parte de la candidatura mencionada.

No queremos dejar pasar la oportunidad para hacer un llamamiento a todos los socios del Club Náutico La Rápita, invitándoles a que el próximo día 16 acudan a votar y ejerzan su derecho,  lamentablemente uno de los pocos derechos que conservamos una gran mayoría de socios, a decidir el futuro que queremos para nuestro club.

La junta directiva.

D. Francisco Javier Hernández preparó:

MARATÓN DE VELA A BORDO DE OPTIMIST.

D. Fernando Hernández preparó:

UN DIA DE TODOS VELA PARA .

D. Guillermo Marti preparo:

CHARLAS TRIMESTRALES SOBRE LA MAR.

D. Martín Llull

UN DIA DE PESCA PARA TODOS.

Queremos hacer públicas las diferentes proposiciones para que tal y como se explicó y acordó en la última Asamblea General, fueran de dominio, en particular de todos nuestros Asociados y como no de todos los Socios del C.N.S.R, Una vez entregados dichos proyectos al Presidente Sr. Suñer y efectuadas las pequeñas modificaciones que se nos pidió, los entregamos y registramos oficialmente en la oficinas.
La recepción parece haber sido buena y los diferentes Delegados de las sesiones a que corresponden las diferentes propuestas parecen estar de acuerdo en ponerlas en marcha para el próximo ejercicio. Ahora ya hemos empezado a trabajar con los otros proyectos que se propusieron en la ya mencionada Asamblea General.
Respecto a la demanda judicial interpuesta por esta Asociación, informaros que sigue el cauce normal en los Juzgados de Manacor y que si surgiera alguna novedad informaríamos inmediatamente, por otra parte si hay algún socio interesado en ver o
revisar la documentación referida, puede dirigiese a esta Junta Directiva y gustosos se la proporcionaremos.

Un cariñoso abrazo a todos.

EL PRESIDENTE



Sa Ràpita a 27 de febrer de 2012
El President

Demanda

La Junta Directiva

Los comentarios atribuidos a miembros de la Junta que gobierna el Club Náutico Sa Rápita, presidida por Miguel Suñer, y que han sido recogidos por un medio de comunicación han provocado la indignación de una parte de los socios del club, la mayoría agrupados entorno a la asociación SOS. En dicho artículo de prensa se informa que ésta asociación ha impugnado la asamblea que se celebró el 29 de octubre, decisión de la que ya informó este digital. SOS, efectivamente, impugnó tanto la convocatoria de asamblea como lo aprobado en ella al considerar que unos 340 socios pretenden apropiarse del patrimonio del club que pertenece a partes iguales a los aproximadamente 1.300 que lo componen.

Los socios que han mostrado su indignación entienden  que mientras que dure la concesión actual solo existen amarres de alquiler y la propiedad de estos, durante los 30 años de concesión -hasta el 2040-, es del Club Náutico Sa Rápita, y el club son todos sus socios.

Por tanto, no entienden cómo la actual junta se ”felicita” por el resultado de la asamblea ya que califican de “estafa” que se vote una propuesta de la que no se informó de manera verídica y objetiva. Estos socios consideran que lo único que se debe hacer es lamentarse por ello.

La propuesta de la Junta, apoyada por la asociación Pronáutic -aglutinadora de todos los titulares de cesiones de amarres-, la consideran un “atropello” porque, aunque 340 socios votaran a favor de la ilegalidad que supondría beneficiarse del patrimonio de todos los socios, “jamás podrá prosperar”.

No entienden que se hable de “defensa del interés general” cuando hay 900 socios a los que se les pretende despojar de su participación en el patrimonio del club con la propuesta que la Junta quiere negociar con la Administración.

Los ‘indignados’ de Sa Rápita afirman que si los directivos pretenden seguir defendiendo los intereses de los socios “sería conveniente que empezaran por defender el patrimonio del club y que no se esfuercen en favorecer a unos 300 que pretenden apropiarse de los amarres de todos”.

Por último subrayan la deslealtad que supone que desde la directiva y Pronáutic se afirme que se podría recaudar más si se rescindieran los actuales contratos de arrendamiento anuales y se alquilaran a personas que no son socios del club. Rozando el cinismo, desde la Junta se considera que “en algunos casos perjudicaría excesivamente a algunos socios, por lo que no sería adecuada” esta medida.

Los 332 cesionarios de derechos de uso de puestos de atraque en el Club Náutico de La Rápita se encuentran desde 2010 en una situación de ‘alegalidad’. El actual título concesional fue otorgado por acuerdo del Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares el 26 de mayo de 2009 y, posteriormente, ratificado por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2010.
Esto quiere decir que, desde febrero de 2010 está en vigor la nueva concesión de La Rápita con todo el espejo de agua en régimen de alquiler. Por tanto, en aquel momento desapareció el concepto de cesionario individual.
Por ley, cuando entró en vigor la nueva concesión del Club Náutico de La Rápita con todo el régimen de alquiler obligatoriamente se renunció a la anterior, dejando de existir.
Es decir, la concesión administrativa que el Gobierno dio a La Rápita en 1976 está totalmente extinguida ya que en 2008 la Asamblea de Socios de la entidad aprobó por unanimidad el cambio del sistema que regía hasta entonces. Dicha decisión fue aceptada por Puertos de las Islas Baleares y, como ya se ha dicho, confirmada por el Gobierno balear.
Dado que la nueva concesión en vigor –la única legal en la actualidad- no prevé la existencia de cesionarios sino que todos los puestos de atraque deben disponerse en régimen de alquiler, no hay en la actualidad ningún cesionario que tenga su atraque en legalidad.
De ello se desprende que todas las operaciones de cesión entre particulares realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de la concesión actual pueden ser considerados de “estafa”, según los expertos jurídicos consultados, ya que las cesiones que se realizaron lo fueron sobre unos derechos inexistentes. A pesar de ello, este periódico pudo saber, y así lo publicó, que miembros de la actual Junta Directiva del Club habían comprado cesiones por más de 100.000 euros.
Esta situación ha creado un visible nerviosismo entre los que han vendido las cesiones –que podrían ser acusados de un delito de estafa- y los compradores, que legalmente no tienen derecho a la titularidad de la cesión de amarre.
Este medio ha tenido acceso a la composición actual de los socios de La Rápita: Hay un total de 332 cesionarios (24,63%), de los que 70 son fundadores del club. De todos ellos, sólo 261 tienen barco propio, 30 han cedido sus puestos de atraque al Club y 41 los tienen alquilados a particulares.
Hay 146 socios con barcos en régimen de alquiler (10.83 %) y 870 socios de cuota (64.54 %). Estos últimos son los que disfrutan tan solo de las instalaciones del club y hay muchos de ellos que se encuentran inscritos en las listas de espera para optar a un amarre. El total de socios asciende, por tanto, a 1.348. De todos ellos, los que tienen régimen de alquiler son 217.
La Asamblea de Socios celebrada el pasado 29 de octubre aprobó por mayoría facultar a la Junta a que vuelva a negociar con Puertos de Baleares la posibilidad de recuperar la situación anterior a 2008 y prolongar por 30 años más sus cesiones de atraque sin volver a pagar un euro por ellas.

ver noticia en: http://www.tablondenoticias.com/2011/11/los-cesionarios-que-disponen-de-puestos-de-atraque-en-la-rapita-estan-en-situacion-%E2%80%98alegal%E2%80%99.html

comentarios en tablon de noticias (2):

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por Diego Feliu 1 Comentario

2 noviembre, 2011

El Consejo de Gobierno que preside José Ramón Bauzá será en última instancia quien  decida